Armando Charles
La coalición PRI-AN en el ayuntamiento victorense, pretende dar un duro golpe a la economía popular con el proyecto de concesión de 1357 parquímetros, presentado recientemente en sesión de cabildo. Lo cual significa la privatización de las calles para beneficio de unos cuantos.
Serían $ 3. ºº, cada media hora, lo que pagarían los propietarios de vehículos, por el solo hecho de estacionarse en la vía pública, de un amplio sector de la capital.
Según estimaciones publicadas en los medios de difusión, con dicho cobro, se recaudarían anualmente poco más de 20 millones de pesos, de los cuales serían más de 13 millones para la empresa concesionaria, y más de 7 millones para las arcas municipales (todo esto, “solamente” durante 15 años); lo cual mueve a sospecha, por decir lo menos: ¿dos para mí, uno para ti?
Se privatizan, así, sin previa consulta pública, los bienes municipales de uso común, imponiendo cargas excesivas a los contribuyentes, cuando dichos “parquímetros” ni siquiera existen. Al paso que van, luego podrían cobrar por caminar sobre las banquetas.
Este atentado contra las clases populares demuestra la incongruencia de los regidores panistas, quienes decían estar de parte de los automovilistas, en protesta contra el reemplacamiento, pero hoy, a espaldas del pueblo, se unen al alcalde priísta, Álvaro Villanueva Perales, para establecer el nuevo cobro.
Aparte del brutal incremento a los combustibles, refacciones, e impuestos sobre tenencia, placas, engomados, licencias, multas, “mordidas”, y toda una amplia lista de gastos, para mantener en circulación los vehículos, ahora resulta que el gobierno priísta se empaniza, al autorizar cobros lesivos e indebidos a los ciudadanos; en vez de arreglar las calles (llenas de baches), o de construir los puentes y vialidades que nuestra ciudad necesita.
No obstante lo anterior, existe la posibilidad de dar marcha atrás a esa injusta decisión: si el Congreso del Estado anula el acuerdo del ayuntamiento, por ser violatorio de la constitución, una vez que reciba la iniciativa correspondiente.
Otra de las medidas que el pueblo tiene para defender su patrimonio es el juicio de amparo indirecto, en caso que los “representantes del pueblo tamaulipeco” autoricen la concesión/instalación y operación de parquímetros.
¡NO A LOS PARQUÍMETROS!
¡BASTA DE IMPOSICIONES!
¡BASTA DE IMPOSICIONES!
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